El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, calificó como “doloroso” que, pese a las acciones de la Corte Constitucional y de la Procuraduría, la situación de vulneración de derechos de la niñez indígena “siga de mal en peor”.
Durante el Foro “La Primera Infancia Indígena”, realizado en la Contraloría General de la República, el jefe del Ministerio Público manifestó que el diagnóstico actual “pone en relieve la profunda victimización de la niñez indígena en el marco del conflicto armado”.
Eljach enfatizó que la Procuraduría mantiene su enfoque en la prevención, pero advirtió que, si los agentes del Estado no cumplen con sus obligaciones, se impondrán sanciones ejemplares.
“Nuestra acción busca responsabilizar a aquellos que, tras cinco años de emitida la sentencia de la Corte, no han demostrado gestiones efectivas, señalando un fracaso en la respuesta estatal ante la crisis del pueblo Wayúu”, afirmó.
El procurador recordó que la entidad ha elevado exhortos ante la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional y a las entidades vinculadas al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), con el fin de exigir el cumplimiento de las medidas ordenadas.
Según datos revelados por el Ministerio Público, los menores indígenas son las principales víctimas del reclutamiento forzado.
“En 2024, de 578 casos reportados, 277 corresponden a esta población, y la tendencia continuó en el primer semestre de 2025 con 25 de 55 casos”, precisó Eljach.
El procurador señaló además que en Colombia hay 644.433 menores indígenas de 15 años, equivalentes al 33,8 % de la población indígena total, y que las brechas que los afectan “se originan en serias limitaciones estructurales de gobernanza”.
Asimismo, advirtió que los planes de acción territorial no se están construyendo en coordinación con las autoridades indígenas, lo que “resulta en programas que no reflejan sus necesidades reales”.
Entre los obstáculos que impiden el goce efectivo de los derechos de la niñez indígena, mencionó la deficiente infraestructura, la falta de acceso a salud, educación y alimentación, y la dispersión geográfica de los resguardos.
“Este fracaso está estrechamente vinculado a la incapacidad estatal de superar el conflicto armado interno, consolidar una buena gobernanza y aplicar de manera efectiva el enfoque diferencial”, subrayó.
Finalmente, Eljach reiteró que la Procuraduría continuará ejerciendo vigilancia permanente sobre las entidades competentes:
“No podemos admitir como representantes de la sociedad que los burócratas sigan dejando morir a las etnias. Cuando la burocracia falla, las comunidades indígenas mueren”, concluyó.
