La Procuraduría General de la Nación emitió la Directiva 020 de 2025, mediante la cual exhortó a alcaldes, gobernadores y al Gobierno nacional a conformar, instalar y posesionar los Consejos de Juventud en todo el país, así como a garantizar su funcionamiento adecuado.
La directiva se expide tras las elecciones de Consejos de Juventud realizadas el 19 de octubre de 2025, y busca asegurar que los jóvenes elegidos —incluidos quienes ocupan curules especiales de comunidades étnicas, campesinas y víctimas— asuman formalmente sus funciones y cuenten con los espacios necesarios para ejercerlas.
El Ministerio Público fue enfático al señalar que los alcaldes municipales y locales tienen como plazo máximo el 19 de enero de 2026 para cumplir con el proceso de posesión de los consejeros juveniles.
La Procuraduría recordó que los Consejos de Juventud son mecanismos autónomos de participación y control social, fundamentales para canalizar las necesidades, propuestas e iniciativas de la población joven entre los 14 y 28 años.
En ese sentido, la directiva ordena a los mandatarios adoptar medidas administrativas que garanticen la operatividad de estos organismos y remitir copia de los actos administrativos al Viceministerio de las Juventudes y a la Registraduría Nacional, dentro de los 30 días siguientes a su expedición.
Además, se instruyó la creación de programas especiales de apoyo, que aseguren espacios físicos adecuados, dotación y recursos presupuestales para el funcionamiento permanente de los consejos.
La Directiva 020 de 2025 también compromete a los gobernadores y al Gobierno nacional a conformar los Consejos Departamentales de Juventud y el Consejo Nacional de Juventud, conforme a los lineamientos establecidos por el Viceministerio de las Juventudes.
Entre las obligaciones destacadas, se incluye la realización de al menos dos sesiones anuales del Consejo de Gobierno con los consejeros de juventud, con el fin de discutir agendas territoriales concertadas. Asimismo, el Gobierno nacional deberá remitir a la Procuraduría la información de todos los consejeros posesionados en un plazo máximo de un mes después de su instalación.
Finalmente, la Procuraduría delegó en personeros municipales y procuradores regionales la vigilancia estricta del proceso, cuyo seguimiento estará a cargo del Equipo de Trabajo Juvenil Electoral (EJE), adscrito a la Procuraduría Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática.
El organismo de control advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones constituye una falta disciplinaria, que puede derivar en sanciones conforme al Código General Disciplinario.
