La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a garantizar la seguridad jurídica de los proyectos de vivienda en el país, en medio del análisis del proyecto de decreto que establece topes para la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), así como la propuesta de fijar sus precios en pesos colombianos.
Ante las posibles implicaciones de esta medida, el Ministerio Público instaló de manera preventiva una mesa interinstitucional para examinar los impactos jurídicos, económicos, contractuales y sociales que podría generar la regulación.
Participación del Gobierno y gremios
En este espacio de discusión participan los ministerios de Vivienda, Hacienda y Comercio, además de entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
También hacen parte del diálogo gremios del sector vivienda y financiero, entre ellos Camacol, Asocajas y Asobancaria.
La Procuraduría reiteró que es fundamental garantizar la estabilidad del sector y la protección de los beneficiarios de programas de vivienda social.
“Es importante garantizar la seguridad jurídica de los proyectos en curso, la estabilidad contractual del sector, la coherencia con la jerarquía normativa vigente y la sostenibilidad financiera del sistema de vivienda, así como la protección efectiva de los hogares beneficiarios de programas VIS y VIP”, señaló el ente de control.
Mesas técnicas para evaluar el decreto
Durante la reunión, las entidades del Gobierno y los gremios acordaron avanzar en mesas técnicas especializadas para profundizar el análisis y evaluar posibles alternativas regulatorias.
El objetivo, según la Procuraduría, es prevenir riesgos jurídicos, económicos o sociales que puedan afectar el interés general y el funcionamiento del sistema de vivienda.
Finalmente, el organismo anunció que continuará haciendo seguimiento al proceso regulatorio, con el propósito de que las decisiones se ajusten a la Constitución y la ley, se preserve la seguridad jurídica del sector y se protejan los derechos de los hogares beneficiarios de vivienda de interés social.
