En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación manifestó su respaldo a la gran mayoría de las medidas tributarias extraordinarias incluidas en el decreto que acompañó la declaratoria de emergencia económica en diciembre del año pasado.
La emergencia económica duró apenas unos días, antes de que el alto tribunal suspendiera temporalmente el decreto principal y los que de él se derivan, al considerar que los hechos citados por el Gobierno como justificación no eran imprevisibles ni sobrevinientes, como lo exige la Constitución. La Corte continúa analizando los conceptos presentados para tomar una decisión de fondo.
El Ministerio Público, bajo la instrucción del procurador Gregorio Eljach, solicitó declarar la exequibilidad (constitucionalidad) de casi la totalidad del decreto de medidas tributarias, al argumentar que cumple con los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución para los estados de excepción.
Esto significa que la Procuraduría avaló modificaciones temporales al IVA en licores, juegos de suerte y azar operados por internet y bienes de lujo, así como ajustes en las tarifas del impuesto al consumo de licores, cigarrillos y tabaco.
También respaldó la creación de un impuesto al patrimonio para personas naturales y jurídicas con altos niveles de riqueza (superiores a 40.000 UVT), además de una sobretasa de 15 puntos para el sector financiero y un impuesto especial para la estabilidad fiscal dirigido a la extracción de hidrocarburos y carbón.
Asimismo, la entidad mencionó de manera favorable los alivios tributarios, las normas de normalización y la reducción transitoria de sanciones e intereses, con el objetivo de incentivar el recaudo inmediato mediante el pago de deudas con la DIAN y otras entidades.
La Procuraduría argumentó que estas herramientas son necesarias y proporcionales para obtener recursos por cerca de $11 billones, que según cálculos del Gobierno se requerían para aliviar el desbalance fiscal.
No obstante, el organismo fue enfático en que su aval de constitucionalidad está condicionado a que estos recursos se destinen exclusivamente a atender la crisis del sector salud, estimada en $3,3 billones, derivada de las afectaciones de la UPC. Advirtió que si los recursos se destinan a otros fines, las medidas perderían su justificación bajo el estado de emergencia.
