Una Actuación Especial de la Contraloría General de la República en el departamento de Córdoba encontró que allí se habrían dilapidado $29.153 millones de pesos de recursos de regalías destinados a proyectos de ciencia, tecnología e innovación, a través de convenios especiales de cooperación, en los cuales los cooperantes, entre ellos la Universidad del Sinú, subcontrataron la mayoría de actividades con la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica (Ceniagroecológico).
El representante legal de esta firma, Jesús Henao Sarmiento, está hoy detenido luego de ser imputado por la desaparición forzada y homicidio del director de regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez.
Ceniagroecológico fue fundada 6 meses antes de iniciar los proyectos y liquidada 7 meses después, dejando una estela de incumplimientos y dineros perdidos.
Buena parte de los recursos públicos que llegaron a esta empresa se esfumaron, sin que para la Contraloría haya evidencia de dónde están, la ejecución completa de los proyectos está en veremos y no hay soporte documental de las actividades adelantadas.
Los cooperantes, la Universidad del Sinú, la Fundación Conservación y Desarrollo Forestal –CDF, la Corporación de Áreas Naturales Protegidas –ANP, la Corporación de Investigación y Fomento Forestal –CONIF, la Corporación de Tecnologías Ambientales Sostenibles (CTAS) y la Fundación George Dahl, giraron unos $12 mil millones a Ceniagroecológico, para que en calidad de subcontratista ejecutará gran parte de las actividades que debían adelantar tales entidades.
Los recursos les fueron girados inicialmente a los cooperantes por la Gobernación de Córdoba.
Todos son cooperantes idóneos y reconocidos y así se validó en la etapa de formulación de los convenios, por lo que la Contraloría no se explica cómo subcontrataron las actividades para las cuales la Gobernación de Córdoba les contrató directamente.
Además de subcontratar las tareas que debían adelantar, los cooperantes mencionados se quedaron con parte de los recursos que les giró la Gobernación, hecho que dio lugar a la mayoría de hallazgos fiscales detectados en esta Actuación Especial de la CGR.
Por mencionar un caso, la Universidad del Sinú recibió $1.000 millones de la Gobernación de Córdoba y le pagó al contratista $600 millones, lo que quiere decir que se quedó con $400 millones.
Vale recordar que las normas sobre ciencia, tecnología e innovación indican que los asociados o cooperantes no pueden tener pretensiones económicas o de utilidad, por tratarse de convenios de cooperación técnica.
Al final de este comunicado, se precisa el daño patrimonial que se pudo dar en los 5 proyectos más representativos en los que la CGR puso la lupa.
La Contraloría General de la República adelantó durante 2016 (de junio a diciembre) una Actuación Especial de Fiscalización en el departamento de Córdoba, en la cual se establecieron 18 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor total de $29.153 millones, y 47 hallazgos de posible carácter disciplinario.
La auditoría se inició en respuesta a una denuncia ciudadana que daba cuenta de irregularidades en un proyecto ejecutado con recursos de regalías y referido al mejoramiento genético y productividad de carneros (ganado ovino) en la región. La Contraloría estableció en este caso, que bien puede llamarse “la feria de los carneros”, un posible detrimento patrimonial que supera los $5 mil millones.
En la Actuación Especial se evidenció que cerca del 28% de los recursos girados para proyectos financiados por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento de Córdoba, se dilapidaron por estos posibles malos manejos, hechos que se dieron durante la administración del ex Gobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons Musckus.
La asignación y ejecución de buena parte de los convenios especiales de cooperación cuestionados se dio cuando Lyons ejercía este cargo.
En el transcurso de la auditoría se demostró que estos convenios no tuvieron la supervisión ni la interventoría adecuada, generando el presunto detrimento patrimonial señalado antes.
Un hecho relevante detectado en esta auditoría es el afán de la Gobernación por girar los recursos asignados a los distintos proyectos, que contrasta con la poca ejecución de los mismos.
Esto se evidencia en el proyecto de mayor representatividad económica auditado por la Contraloría, denominado “Investigación sobre el Corredor Agro Ecológico Caribeño (Córdoba-Guajira) en la cuenca del Río Sinú”, donde se determinó un posible detrimento patrimonial de más de $8.904 millones.
A este proyecto se le asignaron $50.548 millones del Sistema General de regalías -SGR. Se ha avanzado físicamente en el 40% y financieramente el 62%. Es decir se han girado casi $30 mil millones a un proyecto que iba hasta el 2024. En otras palabras: en 2 años ejecutaron la mayoría de los recursos.
La preocupación de la Contraloría es qué paso con estos recursos y con el cumplimiento del objetivo propuesto en este proyecto.
Técnicos y conocedores del tema consultados por la Contraloría consideran que el corredor agroecológico caribeño no va a ser realidad. Adicionalmente, la actual Gobernación de Córdoba reconoce que tiene objeciones por $18 mil millones de los $30 mil millones girados.
Otro proyecto donde la ejecución de los recursos supera ampliamente lo ejecutado es el de los carneros, denominado “Aplicación de Ciencia, Tecnología e Innovación en Carneros para mitigar efectos del TLC en Córdoba, donde se hallaron 3 presuntos hallazgos fiscales que suman $5.115 millones.
Para este proyecto se asignaron $16.680 millones del Sistema General de Regalías. Se han girado $11 mil millones y, sin embargo, en ejecución real (avance físico) no alcanza el 43%.
No hay certeza de a dónde fueron a parar los recursos y no se ha podido establecer cuántos campesinos recibieron carneros, porque los soportes documentales y financieros no concuerdan con la evidencia física.
El objetivo de este proyecto era mejorar la productividad de los carneros, a través de su mejoramiento genético. La intención inicial era asignarles 13 mil carneros a 500 campesinos beneficiarios (a cada uno le darían 25 hembras y un macho).
Sin embargo, en el transcurso de la ejecución del convenio se cambió para adquirir solamente 6 mil carneros y a la fecha de la auditoría no alcanzan a haber 3 mil.
Aquí la pretensión de mejorar genéticamente los carneros tampoco va a darse. Así lo han señalado expertos de la CGR e igual concepto se tiene de parte de Corpoica, Colciencias y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia.
El próximo mes de febrero se debe terminar la ejecución del proyecto de los carneros, y no va a dar resultado ni se va a cumplir con el objetivo propuesto.
Otro proyecto donde no se evidencia cumplimiento de los fines propuestos y sí dineros girados y embolatados es el que estaba dirigido al diseño de un modelo sostenible e innovador derivado de la caña flecha, lo que tampoco se logrará.
La CGR encontró en este caso 2 hallazgos con posible incidencia fiscal que suman $1.922 millones.
Con recursos del SGR, la Gobernación de Córdoba aportó para este proyecto $3.063 millones. A hoy el avance físico es del 30.5%, pero se les ha girado ya el 95% de los recursos.
Más del 60% de los dineros destinados a este proyecto se perdieron. No se encuentra evidencia de que fue lo que se cumplió, pero la plata se giró y no aparece por ninguna parte.
Lote arrendado para cultivos de peces…y no hay peces
Mejorar el proceso de adaptabilidad de los cultivos de tilapia, bocachico, bagre blanco, pargo manglero y otro tipo de peces, era el objetivo de otro proyecto cuestionado, conocido con el nombre de “Investigación en recursos hidrobiológicos del Caribe Colombiano”.
El proyecto no tiene permiso de pesca investigativa, ya que el mismo se venció en mayo de 2016, lo que ha impedido su avance.
Compraron unos peces para ejecutar las líneas investigativas del proyecto, éstos crecieron y no pudieron ser transportados a la estación marina.
Hay un presunto hallazgo fiscal de $333 millones, que es lo que se cuantificó por el pago de 5 meses de renta de un lote que se arrendó para desarrollar el proyecto pero no se está utilizando.
Al proyecto se le destinaron $13.860 millones de recursos de regalías, su avance físico es del 45%, y su avance financiero del 86%. Nuevamente, se giró todo lo que se pudo y el proyecto está atrasado en su ejecución.
En el caso de este proyecto, la CGR estableció 2 presuntos hallazgos fiscales que suman $3.539 millones.
