El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió de manera provisional las disposiciones del Decreto 182 del 25 de febrero de 2026, expedido por el Ministerio de Salud, que contemplaba la reasignación de 6,5 millones de afiliados a distintas EPS en el país.
La decisión se adoptó mediante una medida cautelar de urgencia, solicitada por el ciudadano Víctor Raúl Palacio Bohórquez a través de una acción popular, con la que se buscaba la protección de los intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa.
El Tribunal precisó que la suspensión se mantendrá hasta que se emita una sentencia de fondo sobre la legalidad del decreto.
Riesgo para derechos colectivos
Según el análisis del despacho, las disposiciones del decreto podrían vulnerar derechos colectivos si en algunos municipios se terminaba consolidando un único operador del aseguramiento en salud.
El magistrado ponente Daniel Montero Betancour explicó que la medida busca evitar posibles afectaciones mientras se estudia el caso.
“Si no se adopta la medida previa, el riesgo se consuma, y si se concede, se preserva provisionalmente el objeto del proceso, por lo cual resulta más gravoso negar la medida que concederla”, señaló el magistrado.
Reasignación de afiliados y situación de Nueva EPS
El decreto del Ministerio de Salud contemplaba la redistribución de 6,5 millones de afiliados entre diferentes entidades promotoras de salud. Dentro de ese proceso, Nueva EPS, actualmente intervenida por el Gobierno, iba a recibir cerca de 2,6 millones de afiliados adicionales a los 11,58 millones que ya tiene.
Esto representaría un incremento cercano al 22,6 % en su base de usuarios, en medio de la compleja situación financiera que enfrenta la entidad.
De acuerdo con cifras citadas por la Contraloría General, la EPS registra deudas por $21,37 billones y un patrimonio negativo de $6,25 billones.
Argumentos del Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud había señalado que el objetivo del decreto era proteger el derecho fundamental a la salud, garantizar la continuidad del aseguramiento y fortalecer la sostenibilidad técnica y financiera del sistema de salud.
La cartera argumentó que la medida respondía a fallas estructurales en la operación territorial del aseguramiento, entre ellas la fragmentación de afiliados entre múltiples EPS, la presencia marginal de aseguradores en territorios con baja población y la pérdida de economías de escala para gestionar el riesgo en salud.
Con la decisión del Tribunal, la implementación del decreto queda suspendida de manera temporal mientras avanza el estudio judicial del caso.
