El representante a la Cámara Alejandro Ocampo, integrante de la Comisión de Investigación y Acusación, aseguró este miércoles que no existe ninguna decisión oficial que suspenda al presidente Gustavo Petro de sus funciones, luego de que se conociera una orden emitida por la presidenta de esa célula legislativa, Gloria Arizabaleta.
A través de declaraciones públicas, el congresista del Pacto Histórico afirmó que algunos medios han interpretado de manera errónea la situación. “Quiero informar a la opinión pública que no hay ninguna decisión tomada contra el presidente de la República, Gustavo Petro. No es cierto que la Comisión de Acusaciones haya suspendido al presidente”, manifestó.
La controversia surgió después de que Gloria Arizabaleta, también integrante del Pacto Histórico y presidenta de la Comisión, ordenara la suspensión provisional del mandatario hasta el próximo 21 de junio, fecha en la que se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La medida está relacionada con una investigación por la presunta participación de Petro en política durante la campaña electoral.
Según el documento conocido públicamente, la suspensión podría aplicarse cuando existan elementos que indiquen que la permanencia de un funcionario en su cargo podría interferir en el desarrollo de una investigación. Esta actuación se da en el marco de las denuncias presentadas contra el jefe de Estado por supuesta intervención en el proceso electoral.
No obstante, Ocampo sostuvo que el acto administrativo no ha surtido los trámites internos necesarios para ser considerado una decisión de la Comisión. Indicó que el documento no había sido presentado ante la Secretaría del organismo ni estaba programado para discusión entre los integrantes de la célula investigativa.
“El presidente Petro sigue en funciones. Ni siquiera se tiene pensado discutir ese auto. Es un documento que estaba en la oficina o en el correo de quien lo elaboró y terminó llegando a los medios”, afirmó el representante, quien además pidió evitar generar alarma entre la ciudadanía mientras no exista una determinación oficial de la Comisión de Investigación y Acusación.
