“Hoy se abre una puerta, una segunda oportunidad para aquellos jóvenes que cometieron un error, pero que después de una reeducación social quieren hacer una nueva vida”. Con estas palabras, el diputado del Atlántico Camilo Torres Villalba destacó la aprobación del proyecto de ordenanza de su autoría que brinda una mano amiga a los jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), reconociéndolos como población con enfoque diferencial y de atención prioritaria en el departamento.
El diputado explicó que la iniciativa busca atender a quienes, por falta de oportunidades, terminaron involucrados en conductas punibles y requieren apoyo institucional para reconstruir su proyecto de vida. “Este proyecto no es solo un papel, es una nueva vida para miles de jóvenes atlanticenses”, afirmó.
Comité intersecretarial y rutas de atención
La ordenanza establece la creación de un Comité Intersecretarial que se encargará de formular e implementar planes, programas y proyectos orientados a garantizar los derechos de los adolescentes que hacen parte del SRPA. Esto incluye rutas claras, acompañamiento integral y acciones que contribuyan a alejarlos de contextos asociados con la criminalidad.
Una iniciativa nacida desde la juventud
Torres Villalba enfatizó que la propuesta surgió de los participantes de su escuela política ‘Juventud en Primer Plano’, creada en junio para jóvenes interesados en procesos de liderazgo y participación.
“Este es un proyecto de jóvenes para los jóvenes; yo solo soy el articulador para que sus ideas se conviertan en una realidad que impacta”, añadió.
“Un acto de justicia”
Para Marlon Álvarez, uno de los jóvenes impulsores de la propuesta, la ordenanza representa un gesto de equidad y reconocimiento.
“Es un acto de justicia con quienes participan en procesos de justicia restaurativa, con quienes han cometido errores y con quienes han sido víctimas. Todos merecen ser vistos con prudencia, afecto y visión de futuro”, afirmó.
Sin nuevos impuestos ni costos adicionales
El diputado aclaró que la ejecución de esta ordenanza no implica nuevos impuestos ni requerirá recursos adicionales para la Gobernación, ya que se basa en un trabajo articulado entre las distintas secretarías.
Para garantizar la transparencia, el Comité deberá presentar un informe anual a la Asamblea del Atlántico con los avances y resultados.
Con la aprobación de esta norma, el Atlántico avanza en la implementación de políticas públicas que promueven la inclusión, la justicia restaurativa y la construcción de oportunidades para la juventud.
