El sistema judicial requiere estrategias efectivas para combatir la impunidad en los casos de feminicidio, afirmó la diputada Alejandra Moreno Astwood, quien propuso que las autoridades publiquen un cartel con los feminicidas más buscados del Atlántico.
Los alarmantes índices de violencia contra la mujer en el departamento registran 44 mujeres asesinadas en lo corrido de 2025, de los cuales siete casos han sido tipificados como feminicidios. Sin embargo, la mayoría presenta retrasos judiciales y demoras en la captura de los agresores, lo que limita el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
Ante esta situación, la diputada solicitó formalmente a la Fiscalía, la Policía y la Gobernación del Atlántico la creación de un cartel con los rostros y nombres de los feminicidas más buscados, además de ofrecer recompensas económicas a quienes suministren información veraz sobre su paradero.
Moreno explicó que ya se enviaron cartas oficiales a las tres entidades, con el propósito de impulsar estrategias de seguridad que envíen un mensaje de cero tolerancia frente a los crímenes de género y fortalezcan el compromiso institucional con la justicia y la protección de la vida de las mujeres.
“Esta iniciativa surge como una respuesta urgente ante los preocupantes índices de violencia contra la mujer y la alarmante cantidad de casos sin resolución o con procesos judiciales estancados”, expresó la diputada.
Aunque la Policía Nacional ha publicado algunos nombres de feminicidas en carteles recientes, la diputada considera que se necesitan mayores esfuerzos y acciones sostenidas para visibilizar estos casos y garantizar resultados concretos.
“Estoy convencida de que este esfuerzo fortalecerá el compromiso institucional con la justicia y la defensa de la vida de las mujeres en el Atlántico. Que se publiquen sus nombres, fotografías y datos judiciales, siempre y cuando tengan orden de captura vigente por feminicidio”, puntualizó Moreno Astwood.
La propuesta, que ya fue presentada formalmente a los entes competentes, queda a la espera de respuesta para coordinar una mesa de trabajo que evalúe la viabilidad legal, operativa y presupuestal de esta medida.
