La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia casó parcialmente la sentencia contra el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, y lo condenó por el homicidio del concejal de Barrancas Luis Gregorio López Peralta.
Con esta decisión, el alto tribunal revocó en parte el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que había absuelto al exmandatario por este crimen, y mantuvo la condena por concierto para delinquir agravado.
La Corte impuso una pena de 380 meses de prisión, una multa de 14.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante 120 meses. Además, dejó en firme la indemnización por perjuicios morales a favor de la hija de la víctima.
El proceso tuvo varias instancias. En primera medida, el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá había condenado a Gómez Cerchar a 480 meses de prisión. Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá modificó esa decisión, absolviéndolo por el homicidio del concejal López Peralta y declarando la prescripción de otros delitos relacionados con homicidios agravados.
Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que el tribunal incurrió en errores al valorar de manera fragmentada el material probatorio, lo que afectó la interpretación del caso.
Entre los elementos clave, la Sala destacó testimonios como el de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Cecilia Brito Carrillo, que evidenciarían el poder de intimidación que ejercía el exgobernador y las posibles represalias contra quienes se oponían a su voluntad.
El alto tribunal también señaló que existían indicios de un móvil político, así como la disponibilidad de una estructura armada y la capacidad de influencia del entonces dirigente en la región, factores que habrían incidido en el crimen.
En su análisis, la Corte cuestionó que el Tribunal de Bogotá desestimara elementos relevantes del contexto y diera mayor peso a hipótesis alternativas sin suficiente sustento.
Asimismo, el fallo reprochó la inactividad del proceso durante siete años, lo que permitió la prescripción de las acciones penales por otros homicidios investigados dentro del caso.
Con esta decisión, la Corte Suprema redefine la responsabilidad penal de Gómez Cerchar y cierra un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con violencia política en La Guajira.
