Las pruebas escritas del concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación se realizarán este domingo 24 de agosto con casi 100 mil participantes, luego de que la juez Novena Laboral del Circuito de Barranquilla levantara la medida provisional de suspender las pruebas.
Para la Fiscalía, la orden judicial derogada, «emitida en principio de manera oficiosa por la juez al dar trámite a la acción de tutela de un aspirante inadmitido por falta del requisito pleno de la experiencia profesional», resultaba desproporcionada y comprometía la validez técnica, logística y financiera del proceso.
Al acoger los argumentos y pruebas expuestos por la entidad, el juzgado admitió que aportaron “elementos de juicio de gran calado que deben ser sopesados, entre ellos la alternativa de permitir el examen del accionante en igualdad de condiciones que los demás participantes con miras a evitarse el perjuicio irremediable”.
En efecto, la Fiscalía pidió al juzgado modular la medida inicial de suspensión provisional para que autorizara la continuidad de la aplicación de las pruebas escritas del concurso, garantizando la participación del accionante, pero dejando claro que los efectos de su resultado quedaran sujetos a lo que disponga el fallo de fondo.
Finalmente, el ente investigador considera que la juez de Barranquilla debió declararse impedida para conocer la acción de tutela teniendo en cuenta que también fue inadmitida en el concurso de méritos.
«La Fiscalía puso esta circunstancia en conocimiento de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico para que proceda de acuerdo con sus competencias», concluyó.
La suspensión de la juez
La juez Amalia Rondón Bohórquez había tomado esta medida porque el abogado Nelson Antonio Uribe Martínez presentó una tutela contra la Fiscalía y la Universidad Libre porque no le certificaron toda la experiencia en el ejercicio del derecho para entrar en la lista de elegibles.
Consideró que ser profesor debe ser convalidado como ejercer el derecho, algo que la Universidad Libre descartó.
La jueza ordenó la suspensión del proceso hasta que se resuelve la tutela de lleno, algo que no fue solicitado en la acción y que estaba afectando a las casi 100 mil personas que presentarán la prueba.
La jueza que tomó esta decisión también se había postulado para uno de los 4 mil cargos.
Rondón aspiraba a ser fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito Judicial de Barranquilla pero, como le pasó al accionante de la tutela, la Universidad Libre no convalidó todos sus certificados de experiencia.
Por ende, Amalia Rondón no fue incluida en la lista de elegibles y no podrá presentar la prueba escrita.
Rondón no cumplía con el requisito de tener 120 meses de experiencia, puesto que contaba con 118.
