El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, anunció el inicio de acciones de seguimiento técnico y fiscal de la empresa Air-e, actualmente intervenida por el Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El jefe del ente de control fiscal aseguró, desde Barranquilla, que se revisarán de forma permanente las actuaciones de la Superservicios durante el periodo de administración temporal para “garantizar” la continuidad y la calidad en la prestación del servicio de energía en la región Caribe.
“Este seguimiento incluye el análisis de las condiciones de intervención, sus efectos sobre la sostenibilidad del servicio y la gestión correspondientes a las vigencias 2024 y 2025, a partir de la cual estará la Contraloría emitiendo las advertencias pertinentes”, dijo Rodríguez, quien participó del 12° Foro Energético Andeg, en la capital del Atlántico.
El Contralor sostuvo que la sostenibilidad y la seguridad energética del país no pueden depender de decisiones tardías, ni vacíos en la gestión o por la falta de coordinación.
“Colombia requiere una institucionalidad robusta, una planeación rigurosa y, sobre todo, una ejecución oportuna de los recursos públicos que asegure el acceso a la energía con calidad, eficiencia y precios justos para todos los ciudadanos”, apuntó.
Fondo de la SuperServicios
Rodríguez señaló que según información entregada por SuperServicios el fondo empresarial de la entidad cuenta con $416.500 millones a marzo de 2025, de los cuales solo hay un saldo disponible de $167.000 millones.
Este fondo —dijo — enfrenta obligaciones por $324.000 millones correspondiente a ocho empresas intervenidas y $2.2 billones asociados a tres empresas en liquidación, entre ellas, Electricaribe.
“La Superintendencia ha señalado que se están explorando mecanismos para la consecución de nuevos recursos, incluyendo la posible creación de una renta parafiscal. No obstante, considero importante advertir que estas soluciones requieren tiempo, mientras la deuda continúa de manera gradual acumulándose”, anotó.
El Contralor General manifestó que la deuda acumulada por parte de las alcaldías y gobernaciones a las empresas de energía en la región Caribe, así como la demora del Gobierno nacional en el pago de subsidios, ha venido afectando la estabilidad financiera de las compañías y generando presiones al sistema.
Finalmente, aseguró que actualmente Air-e intervenida registra una deuda cercana a los $900.000 millones con sus proveedores de energía adquirida en la bolsa, lo que repercute directamente en la estabilidad financiera de las plantas térmicas en el país.
