Una corte federal de Estados Unidos falló a favor de Drummond y rechazó las acusaciones que señalaban a la compañía de apoyar a grupos paramilitares en Colombia. El veredicto fue emitido el 15 de enero de 2026 por un jurado del Tribunal Federal para el Distrito Norte de Alabama.
Según informó la empresa, el jurado determinó que el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización Rights Advocates (IRAdvocates) realizaron acusaciones falsas y difamatorias contra Drummond, al afirmar que la compañía tenía vínculos con estructuras paramilitares.
El fallo también concluyó que Collingsworth e IRAdvocates violaron la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (Ley Rico), al incurrir en prácticas como extorsión, soborno y manipulación de testigos, fraude electrónico, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y conspiración.
El jurado señaló que existía evidencia clara y convincente de que Collingsworth sabía o ignoró de manera imprudente que las acusaciones contra Drummond eran falsas cuando las formuló.
Como resultado de las demandas —una por difamación y otra por extorsión y concierto para delinquir bajo la Ley Rico— el jurado ordenó el pago de US$52 millones por la primera y US$68 millones por la segunda. De acuerdo con lo establecido en la Ley Rico, esta última indemnización se triplica automáticamente, lo que eleva el monto total a US$256 millones.
En su decisión, el jurado determinó que los acusados enviaron cartas con información falsa a terceros, con el objetivo de afectar la reputación de Drummond y perjudicar sus negocios. Asimismo, halló culpable a Collingsworth de soborno y manipulación de testigos, basándose en pagos no revelados que superaron los US$400.000 a personas como Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris, alias ‘El Viejo Miguel’, entre otros.
El fallo también involucra a presuntos co-conspiradores, entre ellos el abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario holandés Albert van Bilderbeek, quienes fueron encontrados responsables bajo la Ley Rico.
De acuerdo con la evidencia presentada, los procesados habrían desarrollado una estrategia coordinada para presionar judicial y reputacionalmente a la compañía mediante demandas y campañas mediáticas en Estados Unidos, Colombia y Europa, apoyadas en testimonios falsos obtenidos mediante pagos ocultos.
