El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, permanecerá apartado de su cargo hasta finales de julio, luego de encadenar una incapacidad médica de 30 días con una licencia no remunerada aprobada previamente por la Junta Directiva de la compañía.
La información fue confirmada por la petrolera estatal mediante un comunicado oficial, en el que explicó que se modificó la fecha de inicio de la licencia solicitada por Roa.
Inicialmente, el permiso debía comenzar el pasado 28 de mayo y extenderse durante 30 días calendario. Sin embargo, la empresa indicó que la licencia iniciará una vez finalicen la incapacidad médica y el periodo de vacaciones pendientes del directivo.
De acuerdo con Ecopetrol, el nuevo periodo de licencia comenzará el próximo 27 de junio y se extenderá durante los siguientes 30 días calendario.
Juan Carlos Hurtado seguirá como presidente encargado
Mientras Roa permanece fuera del cargo, la Junta Directiva decidió mantener como presidente encargado de Ecopetrol a Juan Carlos Hurtado Parra, quien se desempeña como primer suplente del presidente de la compañía.
Roa había anunciado el pasado 7 de abril su decisión de apartarse temporalmente de la presidencia de Ecopetrol mediante una licencia no remunerada, en medio de investigaciones judiciales y administrativas en su contra.
Fiscalía mantiene investigaciones contra Ricardo Roa
El directivo enfrenta varios procesos ante la Fiscalía General de la Nación.
El pasado 11 de marzo, Roa fue imputado por el delito de tráfico de influencias de servidor público, dentro de una investigación relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y un presunto vínculo con contratos adjudicados por Ecopetrol.
Además, el 12 de mayo, la Fiscalía también le imputó el delito de violación de topes o límites de gastos en campañas electorales, por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, de la cual Roa fue gerente.
Según el ente investigador, durante esa campaña se habrían superado los límites de gastos establecidos por la autoridad electoral en más de 1.600 millones de pesos entre la primera y segunda vuelta presidencial.
