La Gobernación del Atlántico intensificó los operativos contra el robo de agua en la zona rural del municipio de Manatí, donde fueron detectadas 33 conexiones ilegales en predios privados durante un recorrido técnico y operativo.
De acuerdo con las autoridades, los propietarios de las fincas ya fueron plenamente identificados y enfrentarán procesos judiciales por el uso irregular del servicio.
El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, advirtió que este tipo de prácticas impacta directamente a la comunidad. “Estas conductas no solo constituyen un delito, sino que afectan el bienestar de miles de familias que dependen del suministro legal de agua”, afirmó.
El operativo se realizó de manera conjunta con la Policía del Atlántico y la empresa Aqualia, en el marco de una estrategia para garantizar el uso legal y equitativo del recurso hídrico.
Por su parte, la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, Lady Ospina, señaló que el impacto de estas conexiones irregulares es significativo. Según explicó, el robo de agua en la zona alcanza cerca de 1.500 metros cúbicos diarios, lo que representa pérdidas aproximadas de $2.000 millones y afecta a más de 40.000 habitantes del sur del departamento.
Además del impacto económico, las conexiones ilegales generan baja presión en las redes, deterioro en la calidad del agua y dificultades en la respuesta ante emergencias, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables.
La administración departamental anunció que continuará reforzando estos controles en el territorio e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de prácticas y promover el uso responsable del agua como un recurso esencial.
