La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al teniente coronel retirado del Ejército Germán León Durán a 5 años, 9 meses y un día de prisión por su participación en 31 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que fueron reportados falsamente como bajas en combate entre 2005 y 2006.
La decisión marca un precedente dentro del Macrocaso 03, que investiga las denominadas muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, conocidas en Colombia como falsos positivos, al convertirse en el primer oficial del Ejército sancionado bajo este mecanismo de justicia transicional.
Crímenes ocurrieron cuando comandaba un batallón en Casanare
De acuerdo con la JEP, los hechos ocurrieron en los departamentos de Casanare y Boyacá, cuando León Durán estaba al frente del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, adscrito a la Brigada XVI del Ejército Nacional.
La investigación estableció que durante su comandancia se desarrolló un patrón sistemático de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles, principalmente jóvenes campesinos y personas en condición de vulnerabilidad.
Según el tribunal, las víctimas eran engañadas mediante falsas ofertas de empleo o señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales. Posteriormente eran asesinadas y presentadas como supuestos guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados operacionales.
La JEP concluyó que el 94,8 % de las bajas reportadas por el batallón durante ese periodo fueron ilegítimas.
Reconoció responsabilidad ante las víctimas
Durante una audiencia pública realizada en marzo de este año en Yopal, Casanare, el exoficial reconoció su responsabilidad en los hechos y admitió que las órdenes que emitió facilitaron la comisión de los crímenes.
“Yo emití la orden (…) Si yo no hubiera dado esa firma, no se hubiera presentado la pérdida de su ser querido”, manifestó ante familiares de las víctimas.
Asimismo, aceptó que omitió ejercer controles sobre las operaciones militares para proteger su carrera dentro de la institución y reconoció que se elaboraron antecedentes falsos para estigmatizar a las víctimas.
León Durán también asumió responsabilidad por otros hechos que no habían sido incluidos inicialmente en la imputación, entre ellos una tentativa de homicidio.
JEP calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad
En la sentencia, la Jurisdicción Especial para la Paz determinó que los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad por asesinato y desaparición forzada, además de crímenes de guerra por homicidio en persona protegida.
El tribunal valoró como atenuantes el reconocimiento de responsabilidad, la disposición a contribuir al esclarecimiento de la verdad y el compromiso del exmilitar con acciones de reparación y garantías de no repetición.
Entre las medidas asumidas por León Durán se encuentran la participación en la búsqueda de personas desaparecidas, actos de dignificación de las víctimas y actividades de formación en derechos humanos dirigidas a integrantes de las Fuerzas Militares.
Sanción condicionada al cumplimiento de compromisos
La pena impuesta forma parte del sistema de justicia transicional establecido por el Acuerdo de Paz y representa una reducción frente a las condenas ordinarias que podrían superar los 20 años de prisión por delitos de esta naturaleza.
Sin embargo, la JEP advirtió que los beneficios otorgados están sujetos al cumplimiento efectivo de los compromisos de verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición, pilares fundamentales del modelo de justicia restaurativa aplicado por el tribunal.
