La Procuraduría General de la Nación solicitó a la superintendente nacional de Salud Ad Hoc para Nueva EPS, Luz Marina Múnera, un pronunciamiento detallado sobre el estado de cumplimiento de las órdenes impartidas para superar las causales que dieron origen a la intervención forzosa administrativa, prorrogada por un año en abril de 2025.
A través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, el Ministerio Público también pidió remitir el concepto emitido por la Superintendencia para Entidades de Aseguramiento en Salud, teniendo en cuenta el vencimiento del acto administrativo que extendió la medida.
El organismo de control busca establecer si Nueva EPS mantiene las causales de intervención y cuál sería el panorama respecto a su administración actual.
Asimismo, requirió los informes mensuales elaborados por la contralora designada, incluyendo detalles sobre periodos, fechas de entrega, avances y evaluaciones en aspectos técnico-científicos, financieros, jurídicos y administrativos de la entidad.
La Procuraduría también solicitó información sobre la gestión frente a incumplimientos en cuentas médicas, avances en modernización tecnológica, procesos de contratación, estados financieros y el control de recursos, entre otros elementos clave para el funcionamiento de la EPS.
El ente de control reiteró que el informe deberá ser entregado en un plazo máximo de tres días hábiles tras la notificación del requerimiento.
Con esta solicitud, la Procuraduría busca hacer seguimiento a la situación de una de las principales EPS del país y verificar si se han adoptado las medidas necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio de salud a sus afiliados.
