La Región Administrativa y de Planificación del Caribe (RAP Caribe) expresó su profunda preocupación frente al recorte presupuestal decretado para el megaproyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, una de las obras ambientales y de infraestructura más estratégicas del país.
Ante este panorama, las gobernaciones de Bolívar y Atlántico hicieron un llamado al Gobierno nacional para que respete los compromisos financieros y técnicos adquiridos, y garantice la ejecución integral del proyecto, considerado vital para el desarrollo y la seguridad de la región Caribe.
Un proyecto clave para la seguridad hídrica y ambiental
Con una inversión estimada en $3,1 billones, el Canal del Dique es el proyecto ambiental más ambicioso de Colombia. Su relevancia no solo está asociada al desarrollo económico regional, sino también a su capacidad de prevenir emergencias humanitarias y ambientales, como la ocurrida en 2010, que dejó más de 100.000 damnificados.
La RAP Caribe advirtió que la decisión del Ministerio de Hacienda de recortar $637.000 millones, equivalentes al 83,6 % de la vigencia futura correspondiente a 2025, pone en riesgo años de trabajo técnico y social ya adelantados. Entre estos avances se cuentan más de 250 mesas de socialización con comunidades, 16 consultas previas concluidas con éxito y un proceso de planeación técnica y financiera desarrollado durante varios años.
Beneficios sociales y ambientales en riesgo
Según las autoridades regionales, la eventual parálisis o desfinanciación del proyecto afectaría de manera directa a más de 1,5 millones de habitantes de 19 municipios del Caribe colombiano. Entre los principales objetivos que quedarían en riesgo se encuentran la restauración de ecosistemas degradados, la mitigación de inundaciones y sequías, el fortalecimiento de la conectividad fluvial y portuaria, y el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de adaptación y resiliencia climática.
Llamado urgente a la concertación
La Contraloría General de la República ha reiterado que suspender esta obra podría generar riesgos ambientales, sociales y fiscales irreparables. Por esta razón, la RAP Caribe y las gobernaciones insistieron en la necesidad de abrir espacios urgentes de concertación con el Gobierno nacional, la concesión, las comunidades y los organismos de control.
Las autoridades regionales subrayaron que el Canal del Dique no es solo una obra de infraestructura, sino una garantía de vida, seguridad hídrica y desarrollo sostenible para el Caribe colombiano, por lo que insistieron en la urgencia de proteger su continuidad.
